CONTAG

VIOLÊNCIA NO CAMPO
Crónica de una muerte anunciada

19 de Agosto de 2020

Puede resultar un tópico hablar en América Latina de la crónica de una muerte anunciada. Pero, en el caso de Paulino da Silva Filho (hijo), exconcejal de Ourilandia do Norte, municipio en la frontera de la deforestación en la Amazonia brasileña, se trata de la crónica de una muerte anunciada en este mismo diario.

Hace casi un año exactamente el 15 de septiembre del 2019- La Vanguardia publicó un reportaje firmado en Ourilandia do Norte titulado Tiros en la Fazenda 1200. Explicaba que desde que Jair Bolsonaro ganó las elecciones presidenciales, en octubre del 2018, Paulino da Silva vive bajo una constante amenaza de muerte. Y reprodujo lo que da Silva había contado unos días antes en una entrevista mantenida en su pequeña casa de madera en medio de los grandes latifundios. Todos los días en la calle alguien me grita: ¡Rapaz, Eutimio te quiere matar. ¡Paga 50.000 reales (8.000 euros), explicó entonces da Silva. Tal vez es mentira, pero ya no salgo mucho ni voy a la iglesia.

El motivo de las amenazas parecía bastante claro. Da Silva, de 51 años, lideraba una serie de ocupaciones campesinas legales, según la Constitución brasileña de 1988 en zonas improductivas de las grandes haciendas. Quince años antes había ayudado a coordinar la ocupación de unas 150 familias, todos pequeños agricultores sin tierra, en la hacienda de 5.200 hectáreas conocida como Fazenda 1200, en las afueras de Ourilandia do Norte.

El propietario de ese latifundio es el ganadero Eutimio Lippaus, de 83 años. Pero, según varias instituciones federales y locales, entre ellas el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra), que gestiona desde hace 40 años la complicada reforma agraria en Brasil, una cuarta parte de la hacienda había sido ocupada ilegalmente por Lippaus, ya que pertenecía al Estado federal brasileño. En esta área de la finca, los sin tierra se establecieron con la ayuda de Da Silva y de la Federación de Trabajadores Rurales (Fetagri). Plantaron cultivos de autoconsumo y reforestaron 450 hectáreas con arboles frutales, según contó Da Silva. Multado por contratar mano de obra esclava en su hacienda, Lippaus había negociado con los líderes de los sin tierra para vender la parte de su finca que estos habían ocupada al Incra y así resolver la situación. Pero el plan no prosperó y, en los nueve meses transcurridos desde que Bolsonaro asumiera la presidencia, la situación en Fazenda 1200 se había vuelto extremadamente peligrosa. Una noche de mayo, dos motociclistas entraron en la finca y, tras disparar varias veces, prendieron fuego a dos de las casas.